Mundo - 13/3/18 - 06:45 PM

Madrastra de Gabriel Cruz lo golpeó con un hacha en la cabeza y lo asfixió

La asesina declaró a los agentes que el niño la agredió y ella respondió con un fuerte golpe dado con el hacha el mismo día que desaparió el 27 de febrero pasado.

Los padres de Gabriel Cruz acompañan el féretro a la salida de la Catedral de Almería, donde esta mañana se ha celebrado el funeral por el pequeño de 8 años que murió estrangulado el mismo día de su desaparición. EFE

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Por: España / EFE - Martes 13 de Marzo de 2018 6:45 PM

La dominicana Ana Julia Quezada confesó hoy a las fuerzas de seguridad españolas que mató al niño de ocho años Gabriel Cruz, a quien dio un golpe con la parte roma de un hacha durante una discusión y luego lo asfixió, informaron a Efe fuentes de la investigación.

Quezada, detenida el domingo pasado, declaró a los agentes que Gabriel la agredió y ella respondió con un fuerte golpe dado con el hacha el mismo día de la desaparición del niño, el 27 de febrero pasado, en una localidad de la provincia de Almería, en el sureste de España.
La autopsia, según indicaron fuentes de la investigación, muestra signos de que el pequeño murió por estrangulamiento. El juez encargado ha prohibido la incineración del cadáver por si fuera necesario practicarle más pruebas.
El caso ha tenido una gran repercusión social y mediática en todo el país desde un primer momento, y decenas de personas (a veces más de 200) entre profesionales y voluntarios estuvieron buscándolo intensamente en un radio de hasta doce kilómetros desde el lugar de la desaparición.
Son innumerables las muestras de dolor que han recibido estos días los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, siempre emocionados, procedentes de sectores sociales, de las autoridades y de la política.
"Nos habéis llevado en volandas a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado", dijo Ángel a los presentes en el funeral multitudinario oficiado hoy en la catedral de Almería.

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Patricia aseguró que su hijo "estará ya jugando con sus peces", en alusión a la gran pasión del niño, y afirmó que "la bruja ya no existe", en referencia a la detenida.
Quezada, de 44 años, declaró hoy durante casi dos horas en la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad de Almería (sureste).

Al término de la declaración, su abogada, Beatriz Gámez, aseguró que su defendida estaba "colaborando" con los agentes y había respondido al interrogatorio. Añadió que la detenida "mañana ya pasará a disposición judicial".
El cuerpo del niño fue encontrado el domingo por la Guardia Civil en el maletero de un automóvil que conducía la mujer.
Quezada era pareja del padre del niño en el momento de los hechos y aunque colaboraba estrechamente con el resto de la familia para su localización, los investigadores sospecharon de su actitud.

El pequeño desapareció tras salir de casa de su abuela para dirigirse a la de unos familiares, situada a escasos metros, en la comarca de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería).
La detenida era objetivo de la investigación policial desde que el pasado sábado 3 de marzo avisó a los agentes de haber descubierto, supuestamente, una camiseta blanca que contenía restos del ADN de Gabriel, en una zona que ya había sido rastreada previamente.
Quezada llegó en 1995 a Burgos (norte de España) procedente de la República Dominicana, y se instaló junto a su hija mayor, nacida también en el país caribeño.

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Posteriormente se casó con un español y tuvo otra hija. La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de la vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental.
La Policía española está realizando gestiones con el juzgado que investigó esa muerte para decidir si reabre este caso, según fuentes de la investigación.
La muerte de Gabriel Cruz ha ocurrido en pleno debate político y social sobre la pena de prisión permanente revisable, que existe en España para asesinatos especialmente graves, y que el Gobierno quiere ampliar a otros delitos.
Por el contrario, la mayoría de la oposición cuestiona sus fines y eficacia y quiere que el Parlamento la derogue.
Familias españolas cuyos hijos, algunos de ellos menores, fueron secuestrados y asesinados han recogido más de 2,5 millones de firmas para pedir que no se suprima esa ley.