Acceso a dispensa permitiría a Gobierno absorber alza de luz

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De esa dispensa de 300 millones de dólares podrían salir los alrededor de 60 millones necesarios para no trasladar a los usuarios el alza, que según el ente regulador de la electricidad deriva de "la nueva tarifa de transmisión que incorpora la Tercera Línea de Transmisión y por los ajustes normales asociados a los costos de generación".
"Nuestra propuesta concreta es que de la dispensa (...) que es para reactivar la economía, podría usarse 60 millones de dólares o el número que calculemos, para no pasar esta subida de precios a los panameños", dijo este viernes la ministra Varela durante un informe de gestión.
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el pasado 5 de julio ante el Parlamento, de amplia mayoría opositora, un proyecto de ley para elevar el déficit para este 2018 y acceder a 300 millones de dólares para gastos de inversión.
La ministra Varela dijo que la causa de la solicitud de la dispensa, que es mantener dinámica la economía tras una revisión a la baja de alrededor de un punto del crecimiento anual de PIB, no se verá afectada si se desvía una parte al tema eléctrico, ya que se contribuirá a que la población gaste ese dinero en otros asuntos distintos a pagar la factura de energía.
"Se cumple el objetivo que es mantener andando la economía", dijo la alta funcionaria.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) de Panamá informó la semana pasada de que la tarifa eléctrica se incrementará un 8,4 por ciento para el 24,5 por ciento de los usuarios, es decir, para aquellos que consumen más de 300 kilovatios hora.
El alza tarifaria ha provocado diversas protestas públicas en la capital durante esta semana, así como el pronunciamiento de rechazo de gremios empresariales y de productores nacionales y una convocatoria a paro el próximo lunes de los gremios educativos.
Entre los argumentos para el rechazo del alza de la tarifa está que afectará a sectores como la pequeña y mediana empresa así como el comercio, lo que finalmente redundará en los precios de los bienes y servicios, afectando especialmente a los más vulnerables.