Fiscalía apela sobreseimiento pero excluye a hebreos en New Business

El fiscal Emeldo Márquez anunció un Recurso de Apelación ante la decisión de la jueza Baloisa Marquínez contra la absolución de los cargos de blanqueo de capitales, pero excluyó  a los miembros de la comunidad hebrea: Salomon Btesh, Jack Btesh, Leo David Cohen, Marcos Angel Acrich dentro del caso New Business.

En este caso también fueron sobreseídos Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar.

El Ministerio Público a cargo del procurador Javier Caraballo anunció la apelación, el viernes a las 6:53 p.m. por correo electrónico, pero el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, dijo que había sido extemporáneo.

La Fiscalía -para salvar cara y cubrirse para aducir que no fue una acción premeditada- insistió en el anuncio de la apelación, aduciendo que se presentó en base al artículo 20 de la Ley 75 del 18 de diciembre de 2015- que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales y que permite que en los expedientes judicial electrónico, las diligencias se pueden extender hasta las 23:59 del último día señalado.

Un abogado preguntó si el caso New Business es análogo en papel o es un expediente judicial electrónico y si ¿se asimilaban ambos? y si es así ¿porqué la Fiscalía dice que es un expediente judicial electrónico?

Para determinar, si la actuación del fiscal Márquez no es un parapeto, habrá que esperar si presenta un Recurso de Hecho ante una decisión de la jueza Marquínez de considerar extemporáneo el anuncio de apelación.

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El grupo de comerciantes hebreo al igual que los testigos protegidos por la Fiscalía: Henri Mizrachi Kohen y Riccardo Francolini, quienes no comparecieron a la audiencia para ser sometidos al contrainterrogatorio, tenían como abogados a William Moore, el hermano de la fiscal Zuleyka Moore, quien habría cobrado una suma millonaria por sacarlos del caso. Todo indica que hay grabaciones sobre los pagos que se hicieron por este caso.

El procurador Javier Caraballo alegó que se optó por la apelación, porque a juicio del Ministerio Público entre los favorecidos había personas que debían recibir una condena.