Nacional - 12/11/19 - 02:00 PM

Mayoría de panameños quiere reforma constitucional pero desconfía del proceso

La encuesta fue realiza con entrevista cara a cara a una muestra de 1.392 personas en las provincias y comarcas indígenas de Panamá entre el 11 y 24 de octubre pasados, y tiene un margen de error de +/- 2,8 %.

Por: Panamá, EFE - Martes 12 de Noviembre de 2019 2:00 PM

Cerca del 90 % de los panameños quieren una reforma en su Constitución Política pero desconfía del Parlamento y el Ejecutivo para que lleven a cabo ese proceso, que ya está en marcha en el país y ha generado protestas, según un sondeo difundido este martes en Panamá.
El estudio, realizado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de la Academia Interamericana de Panamá, muestra que el 46 % de los encuestados considera que es necesario reformar toda la Constitución, mientras que un 42,2 % dice que hay que cambiar algunas partes de la Carta Magna.
La unicameral Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría oficialista, aprobó en la primera de dos legislaturas obligatorias un paquete de reformas a la Constitución presentada por el Gobierno de Laurentino Cortizo y redactado por el ente civil Concertación Nacional.
La discusión de la reforma ha generado descontento en el país: hay grupos que rechazan la manera cómo el Parlamento ha alterado el paquete de reformas, otros que no aceptan cómo fue elaborada, y otros reniegan del Legislativo y exigen que se instale una Asamblea Constituyente para que asuma la tarea.
De acuerdo con los resultados de la encuesta del CIEPS, el 85,6 % de los panameños confía "poco o nada" en la Asamblea Nacional, el 81,7 % "poco o nada" en el Ejecutivo, y el 73,3 % en la Concertación Nacional, creada en 2008 y que aglutina a 23 sectores del país incluidos partidos políticos, sindicatos y empresarios.
El 55,3 % de los encuestados contestó que debe ser el propio pueblo panameño el que lidere la transformación de la Carta Magna: "Ninguno de los otros actores importantes en el actual proceso de reformas es visto por la ciudadanía como apto para ejercer ese rol", indicó el CIEPS.

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La entidad apuntó que tras ver el resultado de estos datos "podría decirse que el proceso de reformas constitucionales fue planteado al revés, y posiblemente sea el origen del descontento que se ha manifestado en las calles".
Los encuestados subrayaron que "lo más importante en la reforma constitucional" debe ser defender a los pobres" (39,9 %) en Panamá, un país que se posiciona en el top 10 de los más desiguales del mundo y encabeza la lista en América Latina de acuerdo con los organismos internacionales.
De acuerdo con el análisis del CIEPS, el pedido de que la reforma atienda sobre todo la defensa de los pobres "deja claro" que tal como se ha planteado temáticamente resulta "insuficiente" y, de "no abordar de manera amplia" el asunto "restaría legitimidad al proceso".
El estudio arrojó además que el 68,7 % de los entrevistados tiene "grandes expectativas y esperanzas" en que una reforma constitucional hará "mejor" al país.
La encuesta fue realiza con entrevista cara a cara a una muestra de 1.392 personas en las provincias y comarcas indígenas de Panamá entre el 11 y 24 de octubre pasados, y tiene un margen de error de +/- 2,8 %.
La reforma de la Constitución, vigente desde 1972, es una promesa de campaña de Cortizo, quien asumió el poder el 1 de julio pasado para un período de 5 años.
El mandatario se decantó por uno de los métodos que establece la Constitución para su reforma: los cambios deben ser aprobados en dos legislaturas parlamentarias y luego sometidos un referendo popular, que el Gobierno espera se realice en el 2020.
Ante el descontento social, Cortizo ha admitido que su propuesta de reforma "no es perfecta" pero es "la más práctica" pues sirve para "dar más balance a la institucionalidad" de Panamá, y sostenido que el "único y verdadero dueño" del proceso es el "pueblo panameño" al que ha invitado a participar en unas mesas instaladas la semana pasada.
La idea del presidente es depurar las propuestas del documento aprobado por los diputados en la primera legislatura, que culminó en octubre pasado, antes de que sea sometido a un último debate en la que comenzará en enero próximo.