Nacional - 11/1/23 - 12:00 AM

Minera dice estar cerca de acuerdo, pero gobierno lo desmiente

Por: Redacción / Crítica Impreso - Miércoles 11 de Enero de 2023 12:00 AM

First Quantum Minerals (FMQ) dijo que está cerca de un acuerdo para seguir operando Minera Panamá y que la empresa está dispuesta a aceptar -y potencialmente superar- las exigencias del país, lo cual fue cuestionado por el gobierno que afirmó que esa no es la realidad de la situación

"Pienso que estamos cerca" de un acuerdo, declaró Tristan Pascall, director ejecutivo del grupo canadiense. Dijo que Minera Panamá sigue funcionando sin interrupciones, y pidió al Gobierno que reconsidere la orden de suspender la operación comercial.

Tristan Pascall afirmó que las conversaciones con el Gobierno para la firma del nuevo contrato de concesión "siguen siendo robustas" y que las partes están cerca de un acuerdo, por lo que considera "innecesaria" una medida como la suspensión de las operaciones comerciales.

"Estamos finalizando el (plan) para el mantenimiento y cuido (cese de operaciones), que será entregado al Gobierno", pero aplicarlo "sería un paso drástico e innecesario, especialmente dados los esfuerzos de ambas partes (para lograr un acuerdo), pedimos la reconsideración de la decisión", señaló Pascall.

El gobierno ordenó el 15 de diciembre el cese de operaciones comerciales, y el día 19 anunció que dio plazo de 10 días hábiles a Minera Panamá, para entregar un plan al respecto.

Sin embargo, las operaciones de la mina "continúan con normalidad, sin interrupción de la producción hasta el momento", dijo FQM en una declaración pública.

Sobre las discusiones para la firma del nuevo contrato, Pascall señaló que "para nada" se está lejos de un acuerdo con el Ejecutivo, y que solo falta resolver "de manera justa" puntos referidos a la seguridad jurídica para asegurar "que el contrato sea duradero y a largo plazo".

"First Quantum y MPSA están preparados para estar de acuerdo con, y en parte superar, los objetivos que el Gobierno delineó en enero de 2022 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de $375 millones por año en ingresos del Gobierno, compuestos por impuestos corporativos y una regalía minera basada en las ganancias del 12 al 16 %, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno", dijo la empresa canadiense en un comunicado.

"Estamos preparados para llegar a un acuerdo que cumpla, e incluso supere los objetivos que el Gobierno presentó en enero de 2022 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales, incorporando los ingresos mínimos, que serían únicos y sin precedentes en la industria minera. Esto abarca un mínimo de $375 millones en ingresos para el Gobierno anualmente, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno. El Gobierno recibirá ingresos muy superiores a los del contrato existente. Las tasas de regalías estarían entre las más altas pagadas por una mina de cobre en las Américas”, señalaron en el documento.

Gobierno: todavía hay desacuerdos

En tanto el gobierno respondió que Tristan Pascall, hizo varias aseveraciones que no reflejan la realidad de la situación.

Hay más que “pocos” desacuerdos pendientes entre Panamá y Minera Panamá. Las partes discrepan en ciertos temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, ITBMS, alcance de las servidumbres, incumplimiento sustancial, terminación y otros. De hecho, las propuestas de contrato de Minera presentadas más recientemente han distanciado aún más a las dos partes, resalta el gobierno.

La administración Cortizo explica que en 2017, la Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato anterior era inconstitucional y quedó anulado, por lo tanto, se requiere un nuevo contrato para regularizar las operaciones de Minera Panamá.

También se alega que Minera Panamá ha presentado propuestas que le ofrecen más beneficios a la empresa en escenarios favorables, cuando el precio del cobre es alto, y no solo protecciones en escenarios desfavorables, cuando el precio del cobre baja.

El gobierno revela que la propuesta de Minera sobre el agotamiento disminuye la cantidad de años que pagará el ingreso mínimo garantizado y disminuye los beneficios económicos de Panamá en escenarios de alto precio del cobre y/o alta producción. Esto haría que el beneficio económico de Panamá fuera considerablemente inferior al de los países en situación comparable y daría como resultado un beneficio económico asimétrica a Minera Panamá.

Según el gobierno, los beneficios económicos propuestos por Panamá están en línea con los estándares internacionales. Las regalías previstas en el contrato propuesto por Panamá son nominalmente más altas porque los otros componentes del paquete de beneficios económico de Panamá, el cual incluye impuestos, son nominalmente más bajos. Los beneficios económicos de Panamá se reducen aún más cuando se aplica la propuesta de agotamiento de Minera Panamá.

De acuerdo al gobierno panameño, se debe comparar el paquete de beneficios económicos completo de Panamá, compuesto de regalías e impuestos y no solo un componente, al determinar si es cónsono con los estándares internacionales para contratos mineros.

Buscan pagos excesivos por terminación

Otro punto que se cuestiona es que Minera Panamá se resiste a aceptar los derechos de terminación usuales y busca un pago excesivamente alto por ciertos activos en caso de terminación. Esto es inconsistente con las buenas prácticas internacionales.

Para la administración Cortizo, establecer un plan de cuido y mantenimiento resulta necesario porque Minera Panamá ha continuado operando la mina sin un contrato, y el statu quo irregular no puede continuar indefinidamente. Las resoluciones emitidas por Panamá no son un “paso drástico e innecesario”, sino que constituyen el cumplimiento necesario y esperado del fallo de la Corte Suprema.

Panamá ha participado en conversaciones con Minera Panamá de manera respetuosa, justa y transparente y continuará haciéndolo en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio.