Nacional - 28/9/22 - 12:00 AM

¡No hay forma legal para llamar a juicio a hermanos Martinelli!

Por: Redacción / Crítica Impreso - Miércoles 28 de Septiembre de 2022 12:00 AM

El abogado Luis Eduardo Camacho González le dijo ayer a la jueza Baloisa Marquínez, que no hay manera que se llame a juicio por lavado de dinero a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, dentro del caso Odebrecht, porque no hubo delito y no existe el delito precedente de soborno internacional.

El letrado sostuvo que el Ministerio Público en su vista fiscal y sus alegatos, no explicó cómo se configuró el tipo penal que se le busca atribuir a los Martinelli Linares.

Camacho González dijo que se haría eco de las palabras del fiscal Mahmad Daud Hasan, de que este es un caso histórico y lo es porque fue donde hubo más manipulación, donde el Ejecutivo estuvo dentro del Ministerio Público llevando la investigación contra adversarios políticos.

El expresidente Juan Carlos Varela orquestó todo esto, pero jamás pensó que iba a quedar en la vista fiscal por el manejo que le dieron al caso las fiscales Zuleyka Moore y Tania Sterling y no contaron que con la filtración de los Varela Leaks se descubrió la injerencia y manipulación en la investigación, lo que originó la renuncia de la procuradora Kenia Porcell, añadió.

El jurista explicó que a los Martinelli se le imputa cargos por blanqueo de capitales procedente del soborno internacional en base al artículo 254 del Código Penal, pero el Ministerio Público no explica cómo se configuró el delito, sino que lo hizo en base a la norma por la que se investigó a Odebrecht en #EEUU la cual no aplica en Panamá.

La providencia de detención indica que los Martinelli realizaron labores de lobbismo a favor de Odebrecht así lo confirma el propio jefe de la compañía en Panamá, André Rabello, quien explicó que la labor era eliminar obstáculos y agilizar pagos.

Coincidiendo con el exmagistrado Jerónimo Mejía, el defensor Camacho explicó que el artículo 350 del Código Penal establece claramente que el soborno internacional debe darse en Panamá sobre un funcionario de otro Estado o de un organismo internacional.

Camacho fue más allá y se remitió a las actas del debate legislativo del Código Penal realizadas en el 2007 y así lo explica también, al igual que un fallo de la exfiscal anticorrupción y ahora magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo.

Para Camacho, lo que sucedió es que las fiscales Moore y Sterling, creían tener un bate del tamaño de la estatua de la libertad por tener de su lado al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad, por lo que no se preocupaban por cuidar la tipicidad del delito.

Ahora el Ministerio Público está encuadrando delito que no encajan en el delito precedente y sino hay soborno internacional, no hay blanqueo de capitales, pero los fiscales quieren que la jueza Marquínez viole la ley y llame a juicio, a pesar que el lobbismo no encaja en soborno internacional.

Según el Camacho, el Ministerio Público pretende de manera descabellada que se traiga el acuerdo de colaboración de Odebrecht en EEUU para validar el soborno.

Pero además el defensor cuestionó la inmoralidad de los fiscales de pretender llamar a juicio a los hermanos Martinelli por actividades de lobby, cuando ellos y la Cancillería pagaron $2 millones a la firma Foley Hoag LLP para hacer lobbismo en los Departamentos de Estado y de Justicia y en eso estuvieron relacionadas las fiscales Sterling y Moore, donde hasta facturas por masajes se cobraron.

Camacho volvió a repetirle a Baloisa Marquínez "no hay manera que los Martinelli puedan ser llamados juicio por delito de blanqueo de capitales, porque no se ha incurrido en el soborno internacional y usted como Juez no puede corregir lo que ha hecho el Ministerio Público y decir que hubo otro tipo penal.

Luis Eduardo Camacho dijo que no entraría en alegaciones sobre el doble juzgamiento, porque lo cree innecesario, pero recordó lo que advierte el artículo 1945 del Código Judicial, que establece que "nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias".

Expediente "Frankenstein"

Además cuestionó al querellante Carlos Muñoz Pope, contratado por los enemigos políticos del expresidente Ricardo Martinelli y que pretende que se avance un juicio a tambor batiente.

Mientras que la abogada Guillermina McDonald's, defensora de Navin Bagdka, comparó el caso Odebrecht como una especie de "Frankenstein", donde una gran cantidad de fiscales metían la mano y los abogados debían hacer "malabarismo" para ejercer una adecuada defensa.

Denunció que el Ministerio Público nunca investigó dentro de este proceso y que su cliente tiene la solvencia económica para sustentar la compra de un helicóptero valorado $3.2 millones que adquirió la sociedad Silver Wing y donde Navin tenía el 25% de acciones.

McDonald's negó que con dinero de Odebrecht su cliente haya obtenido dicha aeronave, tal como ha querido hacer ver la Fiscalía Anticorrupción.

Comentó la letrada que sumado a esto, la Fiscalía lo vinculó al tema de la construcción de una termoeléctrica, la cual la inició en 2009 y que luego por razones geográficas tuvo que asociarse con la familia Martinelli en 2013 y en donde erróneamente se habla de la suma de 4 millones de dólares, algo que según la defensora es falsa, ya que se trata de valores en acciones.

Al igual que Camacho González, la letrada Guillermina McDonald 's, reiteró que es un hecho público que el Gobierno pasado tenía sus manos metidas en la justicia y como prueba de ellos hizo mención a los Varela Leaks.

Por su parte, Alma Cortés, defensora de la empresa Ricamar, única sociedad anónima investigada dentro de este caso, señaló que que todas las donaciones que se hicieron para la campaña del Partido Cambio Democrático, a través de Ricamar, fueron reportadas al Tribunal Electoral, algo que está documentado.

Puntualizó que hasta la fecha, todavía Cambio Democrático le adeuda la suma de 11 mil dólares a Ricamar, producto de las elecciones del año 2009.

Cortés solicitó el sobreseimiento definitivo y la prescripción de la acción penal para la empresa Ricamar, empleadora de más de 7 mil panameños.

Papadimitriu: no cometí ningún delito

En tanto, el abogado Nicolás Brea, fue enfático al afirmar que su cliente Demetrio Papadimitriu Bagatelas, no cometió ningún acto de corrupción y menos delito de blanqueo de capitales.

En su alegato dijo que Papadimitriu no recibió, transfirió, ni hizo uso de ningún dinero proveniente de cuentas de Odebrecht y así consta en el expediente. Agregó que lo aducido por el Ministerio Público partió de una premisa equivocada al presumir que su cliente tenía la potestad de manejar cuentas de las empresas de los Papadimitriu.

Brea explicó que el padre de Demetrio Papadimitriu, desde hacía varias décadas había creado una empresa que extraía arena del fondo del mar para suplir a empresas dedicadas a la industria de la construcción, la cual era más barata y de mejor calidad.

Dijo también que esta transacción comercial no se pudo culminar, toda vez que el señor Diamantis Papadimitriu, antes de concluir el proyecto falleció en un hospital de Estados Unidos, por lo que esta compraventa se puede calificar como “un negocio inconcluso”.

El abogado reiteró ante el Tribunal que no hubo dinero de Odebrecht que haya ingresado al patrimonio económico, ni tampoco a cuentas de Demetrio Papadimitriu Bagatelas.