Nacional - 13/1/23 - 12:00 AM

Presidenta de la Corte objeta aspectos de extinción de dominio

Por: Luis Avila / Crítica Impreso - Viernes 13 de Enero de 2023 12:00 AM

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, manifestó que no debe permitirse que el criterio de un juez de extinción de dominio, sea el que determine la existencia de una actividad como ilícita, ya que esto atentaría contra el Principio de Legalidad y podría afectar derechos fundamentales.

De acuerdo con la magistrada, dentro del proyecto de ley número 625, hay aspectos que a su parecer deben ser analizados con una mayor profundidad, uno de ellos el artículo 4, numeral 1, que define actividad ilícita como “toda actividad tipificada como delictiva a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria en firme en la jurisdicción penal”.

Agregó, en una nota enviada a la Asamblea Nacional, que otros aspectos que deben tomarse en consideración para un mayor análisis son la retroactividad de la ley (artículo 8) y la imprescriptibilidad de la acción (artículo 119), para asegurarse que los mismos no violenten normas y garantías de la Constitución de Panamá.

En el día de ayer, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, realizó una reunión con los presidentes de las bancadas de los distintos partidos políticos, en la que se les puso al tanto sobre el tema de la extinción de dominio.

Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, informó que se trata de un tema que se requiere para el combate del narcotráfico, así como contra los delitos que van contra la seguridad ciudadana.

Añadió que salió a relucir la forma en que está redactado este proyecto de ley, el cual no hay un solo abogado panameño que esté a favor de la misma.

Explicó que los planteamientos van en función de la modificación de este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad.

“Cuando la Asamblea tenga esas modificaciones ya adecuadas, entonces podríamos pensar en darle un primer debate con los delitos que tiene el propósito de esta ley, (pero) no vamos a incluir delitos comunes que están en el Código Penal”, comentó el parlamentario.

Ávila aseguró que esta ley se le vende al país diciendo que es para combatir el narcotráfico, la trata de persona, el terrorismo, el tráfico internacional de armas, “por allí va a ir la misma”.

Dijo que la Asamblea debe tomarse su tiempo para corregir ese proyecto, ya que tal como está trastoca el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil.

Otro punto que señaló Ávila, fue que ellos no dependen del Ministerio de Seguridad para hacerle los cambios al proyecto de ley de extinción de dominio.

“Nosotros no dependemos del Ministerio de Seguridad, la Asamblea es la Asamblea, los cambios que se vayan a hacer se harán acá, si ya después el Ejecutivo y al ministro de Seguridad no les gusta, ellos pueden vetarlo y volvemos y lo discutimos”, afirmó.

Precisó que han recibido algunas consideraciones del ministro de Seguridad y del sector empresarial panameños, las cuales en su momento van a ser analizadas.

Uno de los puntos que se cuestiona es que el proyecto elimina el concepto elimina la presunción de inocencia, es decir el investigado es el que debe establecer que no es culpable, en vez de que sea una investigación la que compruebe eso. Además otro punto que se objeta es la retroactividad y el amplio catálogo de delitos que se buscan incluir.

El catálogo de delitos incluye: delincuencia organizada relacionada con drogas, estafa calificada, contra la libertad individual y la desaparición forzada; pandillerismo; extorsión; secuestro; falsificación de monedas y otros valores; blanqueo de capitales; corrupción de personas menores de edad; explotación sexual comercial; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; homicidio por encargo o remuneración; contra el patrimonio económico; contra el orden económico; contra la seguridad informática; ciberdelito; terrorismo y financiamiento del terrorismo; contra el ambiente y el ordenamiento territorial; piratería; posesión y tráfico de armas y explosivos; contra la salud pública, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito y todas aquellas realizadas a través de una asociación ilícita.