Nacional - 19/2/21 - 11:30 AM

Violadores y el silencio de los cómplices e ineptos

El presidente mandó que los subsidios, que otorga el Estado a los albergues, sean rigurosamente auditados y fiscalizados. ¿Es que no lo hacían? ¿Acaso no forma parte de las funciones típicas de los funcionarios que administran fondos públicos?

Por: Luis Enrique Morán / Colaboración para Crítica - Viernes 19 de Febrero de 2021 11:30 AM

Los violadores están libres [y es sumamente posible que seguirán libres]… sus víctimas llevarán una marca psicológica [y muy probablemente irreparable, por el resto de sus vidas] ¿Se entiende la magnitud de eso?
Estamos ante una indignación por el fracaso del Estado panameño a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), puesto en evidencia a raíz de un informe que detalla abusos psicológicos, violaciones sexuales [incluso contra discapacitados], maltratos e inclusive abortos perpetrados contra menores, en los albergues que están bajo la fiscalización de ese ente del Estado.
El primer servidor público de la República guardó silencio durante una semana… Tras días de manifestación y presión mediática, dio un mensaje a la Nación, en el cual dijo estar “indignado”.
Ordenó que la institución que está siendo cuestionada, sea la misma que presente las denuncias ante el Ministerio Público. ¿Se entiende la magnitud de eso?

Remedios al escándalo

Otras órdenes que dio fueron: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe dotar más “recursos” al Órgano Judicial para garantizar la celeridad de los procesos. Sin embargo, no explicó el detalle de esos recursos, máxime en un país donde los siguientes funcionarios públicos gozan de un salario bruto anual: magistrados de la Corte 120,720 dólares; el procurador de la Nación $120,000; fiscales $84,000, jueces $60,000. [Recordar que estos salarios los pagamos todos los que vivimos en este país]
Mandó que los subsidios, que otorga el Estado a los albergues, sean rigurosamente auditados y fiscalizados. ¿Es que no lo hacían? ¿Acaso no forma parte de las funciones típicas de los funcionarios que administran fondos públicos?
Al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), le instruyó para que presente, en 15 días, un proyecto de ley que aumenta las sanciones por abusos a menores de edad. ¿De qué sirve el incremento de las penas si no hay certeza de castigo? ¿Cuántos funcionarios de la SENNIAF han sido ya separados de sus cargos [al menos mientras dure la investigación]? ¿Qué ocurre con la actual gobernadora de Panamá, quien guarda distancia y dice que esos asuntos no competían a sus funciones cuando ella era subdirectora de la SENNIAF? ¿Acaso no participaba ella en las reuniones gerenciales y en la toma de decisiones en una entidad en la que, solamente la directora, tiene un salario bruto anual de $72,000?

Informe fulminante para SENNIAF

En su defensa, el Gobierno afirma que en julio de 2020 tanto el MIDES como la SENNIAF presentaron denuncias criminales ante el Ministerio Público por la presunta comisión de abusos a menores en albergues, no obstante, el informe elaborado por un grupo de expertos, liderados por la comisión de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, se habla de una investigación que abarcó más de 6 meses…
Las conclusiones del informe, tiran al fondo del abismo cualquier intento del Gobierno por rescatar, del naufragio, la imagen de los altos funcionarios de la SENNIAF y del MEF que están siendo cuestionados por la sociedad panameña. Peor aún, el silencio de una semana y la no separación de altos mandos y funcionarios involucrados por acción e inacción, le está dando por completo la razón al informe cuando los expertos señalaron un “barbarismo tecnocrático”, el cual trata de justificar la concentración política, tecnificando el discurso y el análisis de la realidad sin una base comprendida del problema. Traducción: Ni las mismas autoridades entienden la magnitud de la papa caliente que tienen en sus manos…

Si leemos la misión, visión, valores y objetivos de la SENNIAF, nos percatamos de que la misma fracasó. Sin embargo, para este año 2021, cuenta con un presupuesto que supera los $8.9 millones (de los cuales $6.9 millones son para funcionamiento y un poco más de $2 millones tan solo para inversión).

Los niños y adolescentes abusados física, psicológica o sexualmente, siguen viviendo su propio calvario; mientras las autoridades siguen cobrando sus exorbitantes salarios; las ONG y fundaciones recibiendo subsidios y donaciones sin mayor fiscalización; la justicia -como de costumbre- tardando en llegar para los pobres e indefensos; los depravados y maltratadores libres y al asecho es la combinación perfecta para negociar y politizar a costa de la desgracia ajena...