Nacional - 03/4/18 - 10:00 PM

Zulay: A Procuradora hay que aplicarle imprescriptibilidad

Rodríguez confesó estar “hastiada, frustrada y enojada”, porque la procuradora “encubridora”

 

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Panamá. La precandidata presidencial del PRD, Zulay Rodríguez -durante el 3er. debate del proyecto sobre imprescriptibilidad-, afirmó que a los primeros a los que hay que aplicar esa norma, son a la Procuradora Kenia Porcell y sus fiscales, por encubrir a los altos cargos de Odebrecht y figuras del actual gobierno.
En un fogoso discurso, Rodríguez confesó estar “hastiada, frustrada y enojada”,  porque la procuradora “encubridora” en vez de meter preso a André Rabello, le puso una “alfombra roja” para que se fuera del  país.
 
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La perredista cuestionó que el Ministerio Público y los grupos satélites del gobierno como Movin y Annette Planells se opusieran a una propuesta para divulgar en la Gaceta Oficial los acuerdos de delación pactados con Odebrecht y otros empresarios corruptos.
Los panameños tienen el derecho a saber qué pactó el Ministerio Público con Odebrecht y esas empresas ladronas, sostuvo la opositora.
Rodríguez denunció que el gobierno de Varela premió con un cargo en la OEA al militar Ismael Pitti, a quien ella acusó de espionaje y cuya grabación difundió en el pleno un diputado panameñista.
Voy a votar por el proyecto no porque crea en un Ministerio Público que solo actúa en base a llamadas del Presidente de turno y que solo persigue a los adversarios, expresó Zulay, mientras revelaba tener información de que quieren meter presos a 5 diputados.
¡Hagan lo que quieran y vengan como quiera. Ya esta Asamblea dijo basta…que investiguen la corrupción empezando por la procuradora que es una encubridora de casos de corrupción. A los primeros que hay que meter presos son a ustedes los del Ministerio Público por encubrir a los allegados del gobierno!, manifestó la precandidata.
Zulay Rodríguez era incisiva contra Kenia Porcell: ¡la procuradora encubridora será sentada en el banquillo de los acusados!, sentenció.
La diputada volvió a calificar a Movin como un satélite del gobierno y de ser un grupo que sirve a los intereses económicos. Se los digo de frente y vengan como quieran y digan lo que quieran en sus televisoras y medios donde me atacan y no permiten ni derecho a réplica, pero ya ustedes no engañan a nadie, añadió.

 
 
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Por su parte, Leandro Avila le recordó a los funcionarios que deben tener presente que apenas se promulgue la ley, el que cometa un delito contra fondos del Estado, debe saber que no habrá prescripción en esos casos.
El pleno legislativo aprobó por unanimidad, en tercer debate, el proyecto de Ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. 
Entre las modificaciones está el artículo 1 del proyecto, que reforma el artículo 51 del Código Penal, que inhabilita de manera permanente a las personas jurídicas que cometan delitos, para contratar con el Estado.
Además, el artículo 2 adiciona el artículo 116 del Código Procesal Penal, estableciendo que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento injustificado, lo cual destaca que no habrá prescripción de delitos de  tráfico de influencias y abusos de autoridad.
También en su artículo 3, se reforma el artículo 3 del artículo 19 de la Ley 22 de 2006, sobre Contrataciones Públicas. 
En la Ley se declara incapaz para contratar con las entidades estatales a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero, mediante sentencia judicial definitiva o hayan realizado acuerdos de pena de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o contra el orden económico o seguridad colectiva.
Cabe destacar que se adiciona a la Ley de Contrataciones Públicas, exigiendo que en el pliego de cargos se agregue una declaración jurada, que indique que el Contratista no ha sido condenado o haya celebrado acuerdos de pena o de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública u otros delitos graves.
 

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