Sucesos - 01/9/23 - 04:45 PM

Exjuez pa´ la cárcel; Tribunal de Apelaciones confirma detención

El exjuez Rodríguez fue acusado de violencia de género, acoso sexual y actos libidinosos en perjuicio de seis funcionarias.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Tribunal de Apelaciones de San Miguelito confirmó la orden de detención provisional del exjuez de Niñez y Adolescencia, Celso Rodríguez.

El exjuez Rodríguez enfrenta una serie de acusaciones que incluyen violencia de género, acoso sexual y actos libidinosos en perjuicio de seis damas. Las funcionarias trabajaban en el mismo despacho donde el exjuez prestaba servicios en el Órgano Judicial.

El caso en cuestión se remonta al año 2017, cuando las primeras denuncias salieron a la luz. Fue la Magistrada María Eugenia López Arias, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quien presentó la denuncia penal que desencadenó esta investigación.

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La denuncia, dirigida al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, se basa en la presunta comisión de delitos establecidos en los artículos 138-A y 178 del Código Penal de la República de Panamá.

El artículo 138-A del Código Penal se refiere a causar daño emocional a mujeres a través de acciones como amenazas o acoso. Quienes cometan este tipo de actos podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre 5 y 8 años, especialmente si se demuestra que causaron un gran daño emocional.

Por otro lado, el artículo 178 del Código Penal se centra en el acoso sexual, estableciendo penas de prisión de 2 a 4 años para aquellos que acosen, hostiguen o discriminen sexualmente en el trabajo, escuela o ámbitos religiosos. Además, se contempla la posibilidad de recibir terapia en un centro de salud público o privado.

En respuesta a la denuncia y a fin de proteger la investigación disciplinaria y el bienestar de las víctimas, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, actuando como unidad nominadora, tomará las medidas adecuadas.

Este caso continúa generando un gran interés en la opinión pública y destaca la importancia de abordar de manera efectiva y justa las denuncias de violencia de género y acoso sexual en el sistema judicial y en la sociedad en general.

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