Imputación de cargos y detención a 27 implicados en operación "Fusión"
El Ministerio Público apeló a la decisión establecida por la Juez de otorgar depósito domiciliario para 4 personas por razones humanitarias y 10 reportes periódicos, estableciendo la audiencia para el 13 de septiembre de 2021.
Panamá- La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas tras de cuatro días de audiencia, logró la detención provisional para 13 personas y 14 medidas distintas a la detención provisional por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer actividades relacionados con drogas y a 7 personas se le imputó adicional el cargo por blanqueo de capitales, aprehendidos todos en la operación Fusión, el 1 de septiembre de 2021.
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Entre los imputados figuran un capitán del SPI, un cabo del Senan y una oficial mayor del Ministerio Público, investigación que se inició en febrero el 2020 en coordinación con la DEA.
Presentados los elementos de convicción sustentados por el Ministerio Público, la Juez de Garantías, Mónica Barrios ordenó la detención provisional por el peligro de fuga, peligro a las víctimas (sociedad), por la naturaleza del hecho y la destrucción de evidencias, a la vez que legalizó la aprehensión de todos los imputados a solicitud de la fiscalía.
El Ministerio Público apeló a la decisión establecida por la Juez de otorgar depósito domiciliario para 4 personas por razones humanitarias y 10 reportes periódicos, estableciendo la audiencia para el 13 de septiembre de 2021.
Los 27 imputados fueron aprehendidos en conjunto con la Policía Nacional en diligencias de allanamientos y registro en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé. El Ministerio Público tuvo conocimiento sobre una organización criminal transnacional dedicada a coordinar, organizar, recibir, custodiar y distribuir drogas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen y que tenían como destino Europa y Estados Unidos.
Esta actividad por su condición comercial ilícita generaba beneficios económicos para ciertos miembros del grupo criminal, que tenían como modus operandi la colocación, estratificación e integración con el fin de colocar el dinero de origen ilícito dentro del orden económico.
La Fiscalía de Drogas tiene el plazo de seis meses para concluir la presente investigación.